Cuatro años después de que comenzó el proceso de reforma, se presentó el modelo educativo que este gobierno pretende dejar como legado. Mientras la reforma constitucional para crear el sistema nacional de evaluación de la educación y el servicio profesional docente se aprobó con rapidez y solo unos meses después quedaron promulgadas las leyes secundarias elaboradas con premura y, sobre todo en el caso de la ley de profesionalización, con serias deficiencias en su diseño – pues privilegió los incentivos negativos alrededor de la evaluación, en lugar de generar un sistema en el que el mérito, la creatividad y el buen desempeño en el aula y la formación constante se premien con promoción en el puesto, mejores ingresos y mayor reconocimiento y liderazgo en la escuela y la comunidad– la presentación del anunciado modelo que supuestamente transformará de fondo la manera en la que se enseña en México ha tomado casi todo el sexenio.

Con grandilocuencia, el Presidente de la República se refirió al cambio pretendido como una auténtica revolución que cambiará de raíz a la escuela mexicana. Según su dicho, se tratará de la mayor transformación en la educación mexicana en seis décadas. De ser así, se trataría del abandono del arreglo con el que se gobernó la educación durante la época clásica del régimen del PRI, que se comenzó a construir en la década de 1940,  durante el primer período de Jaime Torres Bodet al frente de la SEP, con la unificación sindical de los maestros y el inicio de la “federalización” (en realidad, centralización) de la gestión educativa y que alcanzó su madurez durante la segunda estancia del propio Torres Bodet en la secretaría, cuando se creó el libro de texto gratuito como principal instrumento articulador del modelo y se consolidó el control sindical sobre la carrera de los docentes.

No ha sido esta la primera vez que un Presidente de la República da el grito de inicio a un proceso de profunda renovación del sistema educativo. Echeverría, con su inefable secretario Víctor Bravo Ahuja, cambió planes y programas y auguró un gran salto en los alcances de sus reformas; durante la presidencia de Miguel de la Madrid, Jesús Reyes Heroles, su primera carta al frente de la SEP, habló también de una revolución que quedó en papel mojado. Durante el siguiente gobierno, como parte del torbellino reformista de Salinas, se anunció la gran modernización de la educación básica después de un diagnóstico que apuntaba ya el estado calamitoso del sistema creado por el Estado corporativo. Sin embargo, una y otra vez, a la vuelta de los años, se hace evidente la tenacidad de la trayectoria institucional construida y la resistencia al cambio de los actores que se especializaron en aprovechar las oportunidades creadas por las reglas del juego clientelista.

Y es que cualquier intento de transformación educativa pensado e implementado desde la cúpula burocrática se enfrentará, una y otra vez, a unos maestros concebidos únicamente como clientelas y como correas de transmisión de las decisiones tomadas desde arriba. Si la reforma constitucional de 2013 pretendía quitarle el control de la carrera magisterial al sindicato monopolístico y suponía que el premio al mérito académico y al buen desempeño profesional se convertiría en el mecanismo que comprometería a los profesores con la mejora continua de la calidad, una mala ley del servicio profesional docente, centrada en la evaluación como instrumento sancionador, enajenó el apoyo de la comunidad magisterial al cambio, del que se sintieron víctimas, en lugar de los promotores de la transformación que necesariamente deben ser.

Los maestros son, de manera inevitable, los ejecutores de cualquier proceso de cambio en la educación, pero una y otra vez han sido considerados como objetos y no como sujetos de las reformas. A diferencia del momento fundacional, cuando Torres Bodet entendió que el nuevo sistema educativo tenía que cimentarse en un profesorado bien capacitado y razonablemente remunerado, todos las reformas posteriores han sido tacañas con los maestros y no los han considerado como los profesionales especializados encargados de materializar los proyectos transformadores. El sistema de incentivos deformado que generó el control corporativo del SNTE (y su hijastra la CNTE) privilegió la lealtad personal y la disciplina sindical sobre la capacitación continua y el premio al buen desempeño, al tiempo que hizo superflua la calidad y la exigencia en el sistema de formación inicial basado en las escuelas normales. Si los maestros sabían que cualquier avance en su carrera dependía de su cumplimiento del contrato clientelista y no de su esfuerzo formativo, su compromiso con la actualización que les permitiera aprender a aplicar las innovaciones curriculares y las nuevas dinámicas de aprendizaje.

El nuevo modelo educativo anunciado con la pompa y circunstancia acostumbradas en los rituales del poder mexicano suena bien en los discursos. Ahora, en lugar de a memorizar, los alumnos serán enseñados a pensar. También les darán inglés desde la educación preescolar. Magnífico. Pero ¿quiénes serán los maestros que lleven a cabo esa gran transformación? ¿Los maestros empobrecidos y mal formados que llenan las escuelas del país? ¿De dónde van a salir los miles de profesores de inglés que materialicen el ambicioso proyecto de volver bilingües, o trilingües en el caso de los parlantes de lenguas indígenas, a los estudiantes mexicanos?

La reforma legal de profesionalización se encuentra empantanada precisamente porque se hizo en contra de los maestros. El nuevo modelo educativo está condenado al fracaso si no comienza por transformar el papel de los maestros de meras correas de transmisión de instrucciones superiores en los sujetos básicos del cambio. Para cambiar la educación, donde hay que empezar es en la condiciones formativas y materiales de la comunidad magisterial. Un gran esfuerzo de capacitación que le brinde a las maestras y los maestros en ejercicio las herramientas cognitivas necesarias para generar las nuevas dinámicas de enseñanza y una reforma de fondo del sistema de formación magisterial deberían ser los puntos de partida, junto con un cambió de fondo del sistema de profesionalización que generé incentivos positivos para la formación continua y el buen desempeño, en lugar de aferrarse a una evaluación mal diseñada. Cualquiera que sea el modelo educativo, solo con un profesorado bien capacitado y bien remunerado podrá ser exitoso.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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